El Gobierno sabe que desgravando las obras de rehabilitación que se hagan en las viviendas, por un lado obliga a pedir facturas a todos los profesionales que colaboren, como albañiles, carpinteros, electricistas, pintores.
Por un lado, perfecto ya que los bancos no dejan dinero para estos menesteres, así que es necesario disponer del valor de las reformas.
Y por otro lado, obliga a fotografiarse a los profesionales que a veces intentan no hacer facturas para evitar pagar impuestos.
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